La UCE, que cifra el desfalco en torno a 5.000 millones de pesetas, acusa al Banco Popular de no reconocer los depósitos efectuados por los clientes en esa sucursal y recomendarles que se querellen criminalmente contra el diector fugado.

Para la organización de consumidores, es evidente que la relación bancaria existía entre los clientes y la entidad y no entre aquellos y el director de la agencia. La UCE asegura que los afectados pueden demostrarlo porque "tienen sus cartillas en regla, registradas y autentificadas por el banco".

"El no reconomiento de estos documentos supondría la introducción de un elemento tal de incertidumbre en las relaciones de los clientes con la banca, que sería imposible seguir manteniéndolas condiciones actuales", agrega la UCE.

Según las primeras investigaciones policiales en torno a este caso, el presunto autor del desfalco, José Pérez Díaz, actuaba como un "banco paralelo", recaudando dinero de los clientes con ofertas inusuales del 14 por cien de interés.

Luego invertía el dinero en acciones, principalmente en títulos de alto riesgo de la empresa Intra, con un 21 por cien de rendimiento. La caída en picado de Intra en la Bolsa y su posterior suspensión de pagos fue lo que peritió detectar este mes el desfalco.

El representante legal del Banco Popular, José Carlos Gómez, desplazado desde Madrid para supervisar la investigación interna, anunció que el banco sólo se hará cargo de las cantidades que vayan apareciendo en cartillas con asentamientos contables comprobados.

Asimismo, manifestó que no se harán cargo de los mil millones en "dinero negro" que, supuestamente, varios empresarios constructores de Canarias habrían "blanqueado" a través del banco paralelo" montado pr Pérez Díaz.