Los consumidores basan la petición en que las empresas están destinando un 4,5 por ciento del recibo de la luz a sufragar los llamados costes de transición a la competencia (CTC) desde el pasado 1 de enero, pese a que, incumpliendo el artículo 93.3 del Tratado de la Unión Europea, el Gobierno español no ha otificado todavía a la Comisión estas ayudas.

Esta no comunicación a Bruselas convierte automáticamente las ayudas aprobadas por la Ley de Acompañamiento en ilegales, tal y como argumenta la demanda presentada ante la Audiencia Nacional, ya que el mencionado artículo 93 del Tratado dice expresamente que los gobiernos están obligados a notificar a la Comisión las ayudas estatales previamente a su ejecución, para determinar si afectan o limitan la competencia.

El artículo 93 establece que "la Comisón será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si considerase que un proyecto no es compatible con el mercado común con arreglo al artículo 92, la Comisión iniciará sin demora el procedimiento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva".

En este caso, los consumidores españolesya estamos pagando el 4,5% del recibo de la luz en concepto de ayuda a las eléctricas, sin ni siquiera haber recibido una comunicación la Dirección General de la Competencia europea, tal y como señalaron a la CCV el pasado miércoles 20 fuentes comunitarias.

Además, la demanda señala asimismo que la notificación a la Comisión "a posteriori" -Josep Piqué viaja el lunes a Bruselas- no convierte las ayudas de 1,3 billones en legales, ya que "mientras se encuentre en fase de notificación, la medida no es eecutable".

La UCE y la CCV argumentaron hoy en rueda de prensa que estas ayudas, además de ilegales, tienden a restringir la competencia aún más (Endesa e Iberdrola suministran electricidad a más de 18 millones de usuarios, de los 21 millones que hay en España).

Asimismo, las ayudas de Estado tampoco pueden justificarse como necesarias para el cumplimiento de ninguna misión de interés general, indica la demanda de los consumidores, porque al reconocer el Gobierno una cuantía fija como compensació por la transición a la competencia está desvinculando la ayuda del desarrollo real del mercado.