Tras la sesión del pleno, el portavoz del PP en el debate, José María Bris, afirmó que el proyecto aprobado hoy regula las distintas formas de publicidad en televisión, con especial atención a la protección de los menores.

"Había que regular con mayor claridad la actividad de televisión y garantizar los derechos de los usuarios frente a determinadas formas de publicidad busivas o perniciosas para sus legítimos interses", afirmó el senador del PP.

Además, recordó que el texto permite que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas activas de protección de su lengua propia, además de impulsar la producción de largometrajes y películas para televisión realizados por productoras europeas.

"PUERTAS FALSAS"

Por su parte, la senadora del PSOE, Ana Isabel Arnáiz, señaló que el PP ha aprovechado su mayoría en el Senado para destrozar el proyecto de ley consensuadoen el Congreso. La portavoz socialista criticó que el control de la ley de "TV sin Fronteras" quede en manos de la Comisión del Mercado de la Telecomunicaciones (CMT), órgano adscrito al Ministerio de Fomento.

"Tenemos un ordenamiento jurídico que está incompleto porque falta el Consejo Superior de lo Audiovisual, que es el órgano esencial para garantzar el cumplimiento de esta ley. Al entregar el control de la ley a la CMT, el PP entierra el debate para crear el Consejo Superior de los Medios Audioviuales", afirmó Arnáiz.

La senadora socialista advirtió de que el texto aprobado hoy no protegerá a los espectadores de los abusos publiciatarios. Además, dijo, aumentará la saturación publicitaria, "en contra de los intereses de los consumidores y los anunciantes".

Según Arnáiz, el texto permite el patrocinio de programas infantiles. "La publicidad ilícita o publicidad prohibida podrán colarse en los programas de menores a través de la puerta falsa del patrocinio", apuntó.

Finalmente, tambié acusó al PP de impedir el incremento de la programación subtitulada en las distintas cadenas de televisión. El PSOE había presentado una enmienda, que fue rechazada, en la que proponía la obligación de las TV de aumentar de manera progresiva los minutos de programación dedicados a las personas sordas.