Un estudio de la FAP refleja que esas 360 emisoras locales que actúan fuera de la legalidad regularmente emiten un promedio diario de 120 películas sin autorización de los propietarios.

En términos económicos este fraude supone un serio problema para la industria audiovisual, que deja de ingresr 90 millones de pesetas diarias por los derechos de la emisión pública de estas películas.

Desde la creación de la FAP, la piratería audiovisual ha descendido del 80 por ciento de la actividad total del mercado al 8 por ciento actual. Las televisiones locales han reducido en gran medida este tipo de fraude, aunque la media de "piratería" es más elevada que en otros sectores, como los videoclubes.

El fraude por los derechos de propiedad intelectual de los productores audiovisuales se divide en do grandes apartados: fraude por emisión no autorizada y fraude por retransmisión.

La emisión no autorizada consiste en emitir a través de las televisiones locales, ya sean por cable o por onda hertziana, obras audivisuales sin el permiso correspondiente de los productores que han realizado dichas obras.

El concepto de fraude por retransmisión consiste en la captación de los programas contenidos en las señales aéreas por parte de las televisiones locales, redes de cable, comunidades de propietariosy otros usuarios para su distribución no autorizada a terceros, sin abonar los derechos a los titulares.