Además, el consejero hapedido una comparecencia ante las Cortes regionales para buscar el apoyo de la Cámara a la hora de instar a Fomento a que desarrolle esta normativa, de forma que se cubra un "vacío legal que está provocando inseguridad jurídica a las televisiones locales y amenza el futuro laboral de sus trabajadores".

Según fuentes del Gobierno que preside José Bono, el consejero de Obras Públicas escribe en esta carta que "la confusión creada es aún más grave en la medida en que afecta a la regulación de la libertadde expresión y al derecho a la información de los ciudadanos, unos principios consagrados por la Constitución".

El texto añade que "puede entenderse como arbitrariedad que se hayan iniciado actuaciones contra determinadas televisiones locales mientras que otras, en la misma situación de alegalidad, pueden continuar con normalidad sus emisiones".

Alejandro Gil comunica a Rafael Arias-Salgado la aprobación del Decreto de Televisiones Locales por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha "en el ámbitode sus competencias", cuyo objetivo es regular el régimen jurídico y establecer el procedimiento de concesiones para que estas empresas puedan funcionar desde la legalidad.

Según el consejero de Obras Públicas, el cumplimiento de esta finalidad requiere que el Ministerio de Fomento asigne las frecuencias correspondientes a Castilla-La Mancha.

La carta concluye apelando a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos, lo que exige "introducir la racionalidad legal que hasta ahora ha fltado en las televisiones locales".