El estudio, al que tuvo hoy acceso Servimedia, señala que el proyecto, lejos de adoptar el espíritu de la directiva comunitaria que dice trasponer, "limita de tal forma los derechos de operadores y consumidores que impide el correcto y conveniente desarrollo" de la televisión digital.

El Gobierno, afirman estas asociaciones, "exige a los posibles operadores una salvaguarda tan excesiva de los consumidores que inclus va en contra de nuestros propios intereses".

El informe destaca la obligación a los operadores de ingresar en una cuenta del Estado el dinero que los usarios dejan como fianza para disponer de los aparatos, de forma que estas cantidades no puedan ir destinadas a la amortización de las infraestructuras.

"Esto repercutirá negativamente en el consumidor, a quien el operador acabará por cobrar los equipos, sin la posibilidad de devolución del dinero en caso de baja", señala el documento.

Fundacón Ciudadano se muestra también en desacuerdo con el precepto que otorga a los consumidores el derecho a poder darse de baja del servicio en cualquier momento sin poder llegar a ningún pacto -los llamados pactos de alquiler- con el operador.

Consideran que con esta fórmula los usuarios no podrán beneficiarse de las ofertas que pudiera ofrecerles el operador, como no pagar los aparatos a cambio de comprometerse a un año de alquiler. "Este artículo limita los derechos de los consumidores, ya que no nos eja la opción a elegir la forma de contratación que deseemos", indica el informe.

Respecto a la regulación del sistema de "pay per view" (pago por consumo), critica que el usuario esté obligado a tener un contador que registre la deuda generada por los programas que vea. Aunque reconocen que es una buena medida para que el usuario controle sus gastos, denuncian que deja al abonado sin posibilidad de elegir si quiere el contador o no, que sospechan que tendrá que pagarlo de su bolsillo.

"Al contraio del principio de fomentar el consumo que establece la directiva, este nuevo gasto puede hacer que muchos usuarios desistan de querer disfrutar de televisión digital en casa", añade el informe.

Respecto a la aplicación de la tarifa del 16 por ciento del IVA, las asociaciones de consumidores la consideran "otra medida de freno del consumo, ya que cuantos más impuestos pague el consumidor por el disfrute de un servicio, menos intención tendrá de utilizarlo".

Sobre la obligación que establece la ly para los operadores de pagar a los usuarios el doble de lo cobrado en el caso de que el servicio no se realice correctamente, se quejan al Gobierno de que esa protección no la haya pensado también para otros servicios básicos para el ciudadano, como la electricidad, el teléfono o el gas natural.

La Fundación Ciudadano está integrada por las siguientes asociaciones: Unión de Consumidores de España (UCE), Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios(CECU), Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), Asociación General de Consumidores (ASGECO) y la Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE).