Estos consejeros solicitarán, en la próxima reunión de este órgano, que se aplace el pago de los 3.000 millones de pesetas debidos a Productora Canaria de Televisión por los programas suministrados a la cadena autonómica canaria.

En declaraciones a Servimedia, González dijo que "los programas que ya están contratados y entregados tienen que ser abonados. Creo que estos consejerosno han leído el contrato de suministro y anuncian propuestas que carecen de todo sentido".

La Productora Canaria de Televisión seguirá suministrando con normalidad contenidos a la cadena regional, ya que "nadie con el fundamento jurídico correspondiente y la autoridad conveniente ha dicho lo contrario", precisó González.

Esta empresa está formada al 60% por entidades y empresarios del archipiélago. El 40% restante es de Promoción de Actividades Audiovisuales en Canarias, una entidad en la que paricipan el Grupo Prisa, Canal+ Francia, Cajamadrid y BBV.

El pasado 12 de noviembre, el Tribunal Supremo aceptó un recurso del abogado del Estado por el que se obliga a "suspender cautelarmente los actos administrativos" que dieron origen a la concesión de la programación, a través de un concurso público, a Productora Canaria de Televisión. El Ministerio de Fomento considera ilegal que la TV Canaria transfiera a manos privadas parte de la programación.

"La sentencia del Supremo no entra en el fond de la cuestión y decide suspender cautelarmente el concurso, como pide Fomento. La TV de Canarias y la productora a la que represento firmaron un contrato a finales de 1998 que sigue vigente hasta que alguien nos diga exactamente lo contrario, algo que no ha ocurrido por ahora", aseguró González.

Asimismo, mostró su malestar por el hecho de que ninguna institución u órgano judicial haya reclamado la opinión de la Productora Canaria de Televisión. "Además del Estado y del Gobierno canario, hay un tercr actor implicado en este asunto, que es la empresa a la que represento", concluyó.