El dirigente de IU asegura que dicho acuerdo es ilegal, ya que vulnera y conculca la Ley del Terce Canal de Televisión, que establece el carácter netamente público de las cadenas autonómicas, tanto en su titularidad como en su gestión.

Martínez pide al Gobierno canario que anule el acuerdo tomado por el Consejo de Administración de la Radiotelevisión Canaria y suspenda el concurso de suministro de programas para evitar posibles perjuicios futuros al interés público.

El responsable de IU afirma que una televisión privada, guiada por puros criterios de rentabilidad empresarial, no es el modelo e televisión pública y plural que necesita la sociedad canaria.

Martínez recuerda que el Ministerio de Fomento, "organismo que actua conforme al principio de objetividad y defensa de los intereses públicos por imperativo constitucional", es contrario al concurso de suministros de programas.