En concreto, estaba previsto que hoy declararan por videoconferencia los médicos turcos Mustafa Gündüz y Bülent Sabrán, que participaron en las autopsias de los cadáveres del Yak-42, así como la supervisora jefa del Instituto de Toxicología de Estambul (Turquía) Fátima Mukaddes.

En un fax enviado hace dos días, la embajada de Turquía en España aseguraba que estos tres testigos "no iban a desplazarse hasta la Audiencia Nacional" así como señalaba que, legalmente, los tres forenses no podían prestar declaración por videoconferencia desde las dependecias consulares de España en Turquía, tal y como propuso el tribunal.

La vista oral ya tuvo que ser suspendida el pasado 30 de marzo debido precisamente a la incomparecencia de estos tres testigos. El tribunal decidió entonces suspender las vista hasta el día de hoy y volver a citar a los tres forenses turcos.

Ante esta negativa, el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, solicitó al tribunal que admita la declaración en el juicio de los forenses turcos Bülent Sam y Ömer Müslümanoglu, que también parciparon en las labores de identificación en Turquía y cuyo viaje hasta Madrid ha sido sufragado por los familiares de las víctimas. Todos los abogados de los familiares se adhirieron a esta petición, mientras que los abogados de la defensa se opusieron.

Burgos explicó que "teniendo en cuenta que los tres testigos que se habían admitido para declarar en el proceso no lo van a hacer" los más lógico sería que si declarasen los forenses aportados por las familias y "que se encuentran a disposicion del tribunal con la asistencia de un intéprete de turco".

El tribunal, a pesar de haber rechazado la declaración de estos dos forenses en dos ocasiones, decidió admitir esta vez su comparecencia.

Ante los aplausos de los familiares que se congratularon con esta decisión, el presidente del tribunal, el juez Javier Gómez Bermúdez, amenazó con desalojar la sala. "Entiendo sus sentimientos pero en esta sala no se permiten muestras aprobación ni de desaprobación", dijo el magistrado.

Gómez Bermúdez argumentó la decisión del tribunal en el hecho de que los dos forenses propuestos por los familiares de las víctimas participaron en las labores de identificación tanto como los tres médicos turcos que se negaron a declarar por videoconferencia.

Antes de acceder a la Audiencia Nacional, Sam y Müslümanoglu contradijeron lo declarado en el juicio por los tres acusados y aseguraron que durante las tareas de identificación de cadáveres realizada en Turquía en los días posteriores a la tragedia la comunicación entre los forenses turcos y el equipo español era "correcta y fluida" y que la misma se llevaba a cabo en inglés.

El general Navarro, durante su declaración ante el tribunal, afirmó que la comunicación con las autoridades turcas era malísima porque nadie hablaba inglés. De hecho, llegó a asegurar que firmó el acta de entrega de cadáveres realizada por los forenses turcos, en la que se alertaba de que 30 víctimas seguían sin identificar, porque la misma estaba redactada en turco y no la entendía.

En contra de esta tesis, los forenses Sam y Müslümanoglu aseguraron que, en el momento de firmar el acta de entrega, Navarro sabía perfectamente que 30 cadáveres estaban sin identificar.

El fiscal encargado del juicio, Fernando Burgos, pide cinco años de prisión para el general Navarro y cuatro años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, al acusarles de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Los tres militares están acusados de este delito por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron una filiación que no era la suya a 30 de las 62 víctimas del Yak-42, el avión que se estrelló en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.