El juez Aguirre es el instructor de llamado ‘caso Volhov’, que investiga la injerencia de las autoridades rusas en el ‘procès’ y sus contactos con el Gobierno de Puigdemont, que implicó el uso de fondos públicos.

En su querella, Puigdemont pide al TSJCat que investigue al magistrado y que lo aparte temporalmente de la causa, como respuesta a la decisión del instructor de abrir una pieza separada en la causa del ‘procès’ en la que el expresidente catalán podría ser acusado de alta traición, un delito que no está incluido en la Ley de Amnistía. Aguirre abrió esta pieza separada después de que la Audiencia de Barcelona le prohibiera continuar con la investigación tras anular las dos últimas prórrogas.

La querella sostiene que esta investigación por traición tiene el objetivo de impedir que Puigdemont se beneficie de la Ley de Amnistía y que la nueva pieza se abrió de manera “ilegal” “con la intención de prevaricar, distorsionar la ley”, manteniendo “vivo un procedimiento que estaba destinado al archivo definitivo”.