En un auto conocido este lunes, el magistrado del TSJC Josep Seguí considera que hay “suficientes indicios” para sentar a Borràs en el banquillo por los delitos de prevaricación, fraude administrativo, malversación de caudales y falsedad en documento mercantil.

Según consta en el auto, la ahora presidenta del Parlament “abusó de las funciones que tenía reconocidas” como directora del ILC y dictó “resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de 18 contratos menores”, para “únicamente favorecer los intereses” de Isaías Herrero, que era su amigo, por lo que concluye que esas decisiones habrían ido “en detrimento de los intereses generales que debía defender”.

Por tanto, entiende el tribunal que Borràs “defraudó” la entidad que dirigía y que hay “indicios suficientemente sólidos de concertación par defraudar” junto con su amigo al que llegó a dar instrucciones sobre la confección del presupuestos para que hubiera varios a nombre de distintas personas y entidades, de modo que se simulara que había varias ofertas.

El TSJ de Cataluña investiga a Laura Borràs y a otras tres personas y ahora da por cerrada la investigación y da traslado al Ministerio Fiscal para que presente escrito de acusación o petición de archivo en relación al procedimiento abierto por delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos.

El auto indica que “las comunicaciones electrónicas mantenidas entre Borràs e Isaias Herrero son indicios suficientemente sólidos de la concertación entre ellos dos para defraudar a la ILC, propiciando contrataciones formales de servicios informáticos reveladores de una vulneración de especial relación de confianza surgida a raíz de aquella como directora de la institución pública”.

Según la sala, entre marzo de 2013 y febrero de 2017, la ILC adjudicó 18 contratos menores relativos a la programación y mantenimiento del portal web de la institución. En todos ellos, “Borràs intervino en su condición de directora de la ILC, proponiendo la contratación, acordando la adjudicación, aprobando el gasto, certificando la ejecución de servicios, conformando la factura correspondiente y autorizando finalmente el pago”.

El auto recoge una conversación telefónica en la que el empresario se mostraba preocupado por si al intervención de la Generalitat por aplicación del artículo 155 de la Constitución pudiera aflorar las irregularidades y reconocía que tenía muchos “marrones” relacionados con la contratación.