Según informó hoy el Gabinete de Comunicación de este órgano judicial, el TSJ de Valencia entiende que los hechos que han sido investigados no son constitutivos de delito.

La resolución de la sala, notificada esta mañana a todas las partes, está basada en una amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo. El tribunal no descarta que pudiese ser cierta la versión de los imputados, dadas las contradicciones de testigos y las irregularidades de la prueba documental.

Respecto al tipo delictivo investigado, cohecho pasivo impropio (tipificado en el artículo 426 del Código Penal), el Tribunal entiende que se refiere no a la condición de autoridad o funcionario de la persona imputada, sino a actos propios de la competencia de la autoridad o funcionario.

ADMISIÓN DE REGALOS

Así, la resolución señala que "no cabe en el ámbito del Derecho Penal" estimar que "la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable" que "necesariamente se realiza 'en consideración a su función'".

De esta forma, la sala, compuesta por los magistrados Juan Luis de la Rúa Moreno, José Francisco Ceres Montés y Juan Montero Aroca, quien ha emitido un voto particular discrepante, desestima los recursos de apelación formulados por el Ministerio Fiscal y la acusación popular.

Acusación pública y popular solicitaban la continuación de la investigación en fase de diligencias previas para practicar más pruebas, la ampliación del número de imputados y que el procedimiento se ampliara por cohecho activo, en lugar de ceñirlo sólo al tipo pasivo.

De igual manera, la sala ha desestimado la petición de nulidad de las actuaciones, planteada por la defensa deFrancisco Camps.

VOTO PARTICULAR

No obstante, la decisión cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Juan Montero Aroca, quien afirma que no está convencido "de que los hechos imputados a los señores Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito". A su juicio, el sobreseimiento del procedimiento debe acordarse sólo respecto de Ricardo Costa.

La decisión del tribunal valenciano es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero únicamente contra el pronunciamiento que afecta a los cuatro imputados, según el artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.