EL TSJ DEL PAIS VASCO RECRIMINA A INTERIOR LA FALTA DE VIGILANCIA PERMANENTE EN LOS JUZGADOS VASCOS PARA EVITAR ATENTADOS
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En una reunión celebrada el pasado 12 de septiembre, cuyo acuerdo ha sido hecho público hoy, el TSJPV muestra su descontento por la falta de respuesta de Interior a sus reiteradas peticiones de vigilania, y recuerda los últimos actos de violencia protagonizados por radicales, dirigidos contra los juzgados de Tolosa y Azpeitia.
"Las características de estas agresiones", según el TSJPV, "requieren indispensablemente que, a fin de proteger con eficacia las dependencias judiciales amenazadas, se establezca un sistema de vigilancia continuada, diurna y nocturna, sin cuya implantación los riesgos advertidos subsisten y se agravan".
La Sala de Gobierno añade que "ha sido infructuosa hasta el momento a reiteración con la que se ha informado al departamento de Interior de esta circunstancia, y ha solicitado la adopción de medidas aptas para poner fin a un peligro tenaz y creciente".
El TSJPV hace referencia a la colocación de una bomba en el Juzgado de Tolosa, que no llegó a estallar debido a fallos mecánicos. Sin embargo, la actuación de la Ertzaintza en este incidente no convenció al Alto Tribunal, que señala que la "tardanza" de los artificieros que debían acudir al juzgado aumentó la situación e gravedad.
La bomba fue detectada a las siete de la mañana y "aunque se dispusieron de inmediato ciertas medidas de seguridad, los artificieros no se personaron en el lugar hasta la diez de la mañana". El artefacto no explotó, debido a un problema mecánico "y no por la presencia de los expertos llamados a inutilizar el explosivo -quienes no iniciaron a tiempo la desactivación-".
De haberse producido la explosión, "habría suspuesto la destrucción del edificio judicial y el deterioro de otros inmubles de las inmediaciones", señala la nota del TSJPV.
Sin embargo, apunta que "la casualidad o la impericia de los agresores no van a suplir siempre la deficiencia de un servicio público que, esta vez, ha contado con una cooperación del azar, que, como es claro, no va a darse nuevamente ni a evitar, en otra ocasión, la enormidad del daño que pretende causarse".
El TSJPV asegura que en numerosas ocasiones ha reiterado al departamento de Interior una mayor vigilancia para atajar este tipo de atentaos, y apunta que todavía "está pendiente de obtener la eficaz respuesta de seguridad que requieren el riesgo de las acciones de violencia y el justificado temor de su repetición".
Por ello, la Sala acordó, por unanimidad, "exigir del Departamento de Interior del Gobierno vasco la adopción de medidas de vigilancia permanente que, en régimen de adecuada continuidad y disuación, garanticen la indemnidad de los indicados edificios judiciales, impidiendo la colocación de explosivos, paralizando cualesquier otras agresiones y, en cualquier caso, asegurando, sin peligro para las personas y las instalaciones, la inmediata desactivación de los mismos", concluye la nota.
APOYO DE LOS SINDICATOS
Los sindicatos UGT y Erne de la Ertzaintza se mostraron, a su vez, de acuerdo con los reproches del TSJPV en lo que respecta a la inseguridad que padecen los edificios judiciales.
La respuesta más dura correspondió a Erne, que en una nota hecha pública hoy asegura que "en repetidas ocasiones ha transmitido al onsejero de Interior, señor Atutxa, la necesidad de corregir el caos organizativo interno que padece la Ertzaintza, cuyo responsables no son otros que la dirección de lo policial que reside en la viceconsejería de Seguridad".
Según el comunicado, este sindicato conoce "desde hace tiempo las reiteradas solicitudes realizadas desde los órganos judiciales y especialmente desde la Audiencia Provincial de Donosti, referentes a la falta de protección de las sedes judiciales, al igual que el malestar existene ante la falta de adopción de las medidas de seguridad requeridas".
"Los trabajadores de la Ertzaintza no somos los responsables de la ineficacia con la que el departamento de Interior organiza este servicio público, a la hora de enfrentarse a los desórdenes y daños de bienes públicos promovidos por los que no respetan la convivencia democrática", continúa la nota.
Erne asegura no querer evitar la autocrítica como colectivo de trabajadores antes las denuncias del TSJPV, pero señala que "la resposabilidad real de toda esta inoperancia y desorganización reside en los gestores del Departamento de Interior y en concreto de la viceconsejería de Seguridad, que en reiteradas ocasiones ha demostrado no estar a las alturas de las circunstancias".
(SERVIMEDIA)
20 Sep 1996
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