La Sala rechaza tanto el recurso formulado por la representación del condenado, por el supuesto quebrantamiento de garantías procesales; como el de la acusación particular, que apelaba en su caso la absolución de Celia B. M., quien fue juzgada en el mismo procedimiento por el delito de encubrimiento.

El alto tribunal madrileño confirma en todos sus extremos la resolución de la Sección 17ª de la Audiencia Provincial en la que se reflejaba que durante la vista, que fue seguida por un Tribunal Popular, quedó suficientemente acreditado que el condenado, tras matar a su víctima, mutiló "milimétricamente" su cadáver, motivado por un "desprecio por su condición de mujer".

La sentencia original también impuso para Leonardo V. libertad vigilada durante diez años a cumplir tras la liquidación de la pena de cárcel, y la indemnización a los padres de la fallecida en 102.852 euros, y a su hermana en 46.248.

Esta resolución aún no establece la firmeza de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, dado que aún cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la competente en asuntos de naturaleza jurídica penal.