Según informó hoy la citada plataforma, el recurso, admitido por el TSJM, solicita la nulidad de varios artículos de la orden porque en ella se autoriza el incumplimiento de los plazos previstos en la ley de dependencia y "se trata de dar cobertura legal a unos retrasos escandalosamente injustificados".

Así, afirma la plataforma, con esta orden, el procedimiento de valoración del grado y nivel de dependencia y el establecimiento de un plan individual de atención para el beneficiario se extiende a doce meses, cuando la norma estatal fija un plazo para estas tareas de seis.

A juicio de esta plataforma, la orden también contradice la ley de dependencia en otros artículos referidos a la fecha de efectos de los derechos reconocidos y las condiciones para poder disfrutar con carácter retroactivo de algunas prestaciones.

Se impugna, por último, la forma de elaboración de la orden ya que no se ajusta, según la plataforma, a las exigencias legales para la elaboración de reglamentos y en particular no ha querido oír a los afectados ni a sus asociaciones representativas, "pese a venir exigido por la ley".