La compañía habría reclamado este importe al departamento de Territori, pero este no lo habría abonado argumentando que buena parte del coste corresponde al canon ferroviario que se paga por circular por la infraestructura de Adif, y que es competencia del ministerio de Transporte. La sentencia no es firme y admite recurso de casación.

La sentencia se refiera a una deuda contraída durante los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019 y es el total que, según la sala, la Generalitat le debe al operador por la puesta en marcha de servicios extra que se han ido añadiendo al primer traspaso, pactado en 2010.

Esos servicios nuevos se implementaron en Rodalies del Camp de Tarragona, la RG-1 o la prolongación de trenes de Mataró hasta Arenys de Mar y incluye el coste de Renfe y los cánones ferroviarios que hay que pagar a Adif, el gestor público de la infraestructura.

En el traspaso de las competencias de Rodalies se contemplaba que las mejoras que se realizaran en el servicio correrían a cargo de la Generalitat. Los pagos se realizaron puntualmente entre 2011 y 2016, pero a partir de 2017 Adif incrementó el canon por paso de trenes y la Generalitat se niega a pagar con el argumento de que no figura en el acuerdo. Quedan aún pendientes de pago las facturas de 2019 a 2022.