Según el denunciante, Martínez Laseca leyó un anónimo durante un congreso provincial, en el que le acusaba de haber cometido hasta seis delitos de prevaricación en su condición de diputado provincial.

Para el magistrado que instruyó las diligencias, de la lectura del anónimo no puede deducirse que Martínez Laseca tratara de difamar a Juan Carlos Antúnez, sino al contraio", pues aquel omitió los párrafos del anónimo que llevaba por título "¡Qué pasa!: ¿no se entera el Partido Socialista o no s quiere enterar?".

El magistrado señala en el auto que no existió el "animus injuriandi", "ni tampoco calumnia" y asegura que el secretario provincial del PSOE no se refirió ni expresamente, ni por alusiones, a Juan Carlos Antúnez.

Gerardo Martínez Tristán aceptó como única prueba la cinta magnetofónica del congreso que fue grabada por un periodista, y rechazó la de otros testigos presentes en el congreso provincial.

El querellante decidió no recurrir el archivo de las actuaciones y declaróServimedia que "el mejor juez en estos casos es el que representa la voluntad y el conocimiento de los temas".

Para Antúnez, el auto es de una "calidad técnica deficiente", pues "hay pruebas testificales que no han sido tenidas en cuenta".

La querella fue presentada por primera vez en el Juzgado de El Burgo de Osma (Soria), ciudad donde se celebró el congreo, el 13 de diciembre de 1991, ordenando su archivo seis meses después.

Tras el recurso de apelación ante la Audiencia provincial de Sora, ésta pidió al presidente de las Cortes regionales que certificara la condición de procurador de Martínez Laseca, y tras recibirla se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dada la condición de aforado de Martínez Laseca.