García presentó este recurso a título partiular con el fin de obligar al Gobierno regional a desarrollar el reglamento de esa ley, ya que, entretanto, los constructores no están obligados a suprimir las barreras arquitectónicas de edificios públicos y privados.

La organización Andecha Astur, que apoya a su militante Isabel García en la iniciativa, anunció que durante la tramitación de las actuaciones judiciales solicitarán del tribunal la suspensión de las obras actualmente en ejecución que incumplan esa Ley.

En Asturias hay 23.000 persons afectadas por minusvalías físicas que tienen dificultades para acceder a edificios públicos y privados, según el último censo realizado en 1983.