Jiménez acusó a ambos socialistas de tráfico de influencias, información privilegida, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicas en las subvenciones concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, del que entonces era directora provincial Pilar de la Vega, a la Academia Marco, propiedad de la familia del actual presidente de Aragón.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón considera que las subvencones obtenidas por el centro educativo se ajustaban a la legalidad vigente.