Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso, Trujillo indicó que el adjudicatario del domicilio protegido deberá estar apuntado "en un registro o herramienta análoga", con lo que queda descartada la creación de una base de datos nacional con potenciales compradores de vivienda protegida.

Trujillo incidió en que el nuevo Plan de Vivienda 2005-2008 extiende el periodo de calificación de la casa protegida a toda su vida útil, aunque permite venderlas en un plazo más breve (10 años), sin devolver las ayudas percibidas para su adquisición y a un precio que estará en función del coste de compra, la evolución del IPC en el periodo transcurrido y un coeficiente añadido que determinará cada comunidad autónoma.

La ministra aprovechó su comparecencia para arremeter contra las comunidades autónomas del Partido Popular, a las que acusó de boicotear las medidas de choque puestas en marcha por el Ejecutivo socialista para facilitar el acceso a la vivienda.

La afirmación de la ministra se produjo después de que el portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos, asegurara que de las 16.000 ayudas al inquilino previstas sólo se han otorgado algo más de 3.200, y de las 15.000 al arrendador, apenas 277.

En concreto, Trujillo denunció que Madrid, Castilla y León y la Comunidad Valenciana no han dado "ninguna" de las ayudas al inquilino y al arrendador establecidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"¿Por qué no ejecutan lo que financia el Ejecutivo central, por qué no han querido tramitar las ayudas, por qué han perjudicado a miles y miles de ciudadanos?", preguntó.

La ministra agregó que en Murcia sólo se ha realizado el 55% de lo previsto en el Plan de Vivienda 2002-2005 para el pasado año, y en Baleares el 89,5%, cuando la media nacional es del 145%, es decir, que se han puesto en marcha más ayudas de las inicialmente establecidas.

Hasta el 20 de junio, prosiguió Trujillo, se ha financiado el acceso a 175.000 viviendas, casi el 48% más de lo financiado por el Gobierno del PP en el año 2003. Sin esas ayudas, dijo, más de 70.000 familias no habrían contado con el apoyo público para adquirir su piso.

El portavoz del PP aseguró a la ministra que "le vendrían bien unas vacaciones. Parece usted cansada y tensa". En la misma línea, Josep Maldonado, de CiU, se mostró "sorprendido por el tono, el fondo y la forma" de la intervención de la ministra. "Nos ha venido a reñir", lamentó. "Por momentos dan ganas de marcharse. No merecemos que nos hable en ese tono", agregó.

SUELO

La titular de Vivienda reiteró que la reforma de la ley del suelo se presentará en el Congreso antes de que acabe el año y entre sus ejes figura el que "el derecho de propiedad del suelo" no puede ser el único a considerar, "sino que requiere la conciliación con otros derechos constitucionales", como "el derecho a una vivienda digna y adecuada".

También tratará de impedir la especulación con el suelo, en cumplimiento de la Carta Magna, para lo cual se establecerá "un nuevo régimen de valoraciones del suelo que tase con justicia la realidad, pero no las meras expectativas generadas exclusivamente por la acción de los poderes públicos" al proceder a su recalificación.

El portavoz del PP le reprochó que el Plan de Vivienda 2005-2008 incluye "menos ayudas" que el anterior, es "menos flexible" que el precedente e invade competencias de las comunidades autónomas, por lo que "puede ser impugnado" ante el Tribunal Constitucional, le advirtió.

En la misma línea, el portavoz de Vivienda de CiU, Josep Maldonado, mostró su preocupación por que el nuevo plan suponga una "loapilla", en referencia a la LOAPA de los años 80, en el sentido de reducir competencias a las autonomías. "Sería tremendo, cuidado con la invasión de competencias", le espetó.

Aunque en su primera intervención la ministra no había hecho referencia a la polémica generada por los pisos protegidos de 30 metros cuadrados, Maldonado le reprochó los "minimicrohuecos" de 30 metros.

Trujillo contraatacó sacando a relucir un decreto de 2003 del Gobierno de la Generalitat presidida por Jordi Pujol que abría la puerta a pisos protegidos de 20 metros cuadrados, antes de afirmar que viviendas de tamaños similares se establecen en los planes de muchas comunidades autónomas.