Trujillo, quien intervino en el Fórum Europa, que organiza Nueva Economía Fórum, incidió en que la ley actual -el Congreso debate ahora la aprobada por el PSOE- "premia la especulación" y "atribuyó un poder económico desmedido a la toma de una decisión administrativa discrecional", la recalificación del suelo.

"No nos podemos ahora sorprender de que algunos hayan hecho un mal uso de ese poder", agregó la titular de Vivienda, quien sostuvo que "lo que debemos hacer es corregir tales incentivos a las malas prácticas y fomentar una sana economía productiva al servicio del interés general, y no una especulativa al servicio de unos pocos".

A su juicio, la corrupción "no se combate con la legislación y con una reforma constitucional" para devolver al Estado competencias transferidas a comunidades autónomas y ayuntamientos, "sino con actuaciones", como el disolver un consistorio, en referencia a lo hecho por el Ejecutivo socialista en el caso de Marbella.

"No hay que reformar la Constitución, hay que aplicar la normativa que prevé nuestro ordenamiento jurídico. No es necesaria para combatir corrupción la legislación, sino la actuación, y este Gobierno lo ha hecho" con firmeza.

Con la ley aún en vigor, recordó la ministra, el suelo se ha encarecido desde 1998 un 500%, y los pisos han subido un 150%, además de fomentar unos casos de especulación y corrupción que han generado "alarma social".

Trujillo hizo una defensa de un urbanismo sostenible y puso como ejemplo que entre 1990 y 2000 se urbanizaron 170.000 hectáreas, incrementándose el suelo urbanizado en España en un 25%, cuando la población se incrementó en ese periodo un 3,6%.

Se estaba ante un urbanismo que no tenía en cuenta los efectos sobre la economía, la eficiencia energética, los suministros de agua o las dotaciones de servicios públicos, lamentó Trujillo. Se iban "generando expectativas urbanísticas por todo el territorio", sentenció, y eso "ha hecho daño".

NUEVA LEY DEL SUELO

Frente a ello, la normativa promovida por su departamento y que ahora debate el Congreso desincentiva la especulación, dota de más eficiencia al mercado del suelo, fomenta un desarrollo más sostenible, incrementa al 25% la reserva de suelo para vivienda protegida y permite "más transparencia del sector y participación de los ciudadanos", agregó la ministra.

Se favorece la libre competencia, continuó, "dejando un amplio margen legislativo a las comunidades autónomas", al tiempo que se defiende la propiedad privada y la libertad de empresa.

"Urbanizar no es producir solares, es hacer ciudad", sostuvo la titular de Vivienda, quien indicó que "el desarrollo urbano no es perverso en sí mismo, pero ha de ser sostenible, que satisfaga necesidades población actual garantizando las de las generaciones futuras".

El urbanismo es un "arma de doble filo", ya que una ciudadpuede favorecer el ejercicio del derecho de ciudadana, ser "polo de atracción para las empresas", pero, si hay un mal urbanismo, pueden faltar servicios básicos, las calles estar colapsadas y no haber siquiera agua para la población.

PACTAR CON EL PP

Sobre un eventual pacto con el PP para atajar la corrupción, aprovechando la ley de bases del régimen local, Trujillo indicó que ya se planteó con las políticas de vivienda, que perseguían ese mismo objetivo, y las regiones gobernadas por el PP lo rechazaron.

Sobre otras normas de su departamento, Trujillo destacó que desde el 29 de marzo se exigirán todos los documentos completos ligados al nuevo Código Técnico de la Edificación, ya en vigor, en particular los referidos a accesibilidad y ruido, en los que aún trabaja el Gobierno, que está recibiendo las alegaciones de las partes interesadas.

En todo caso, dejó claro que, en materia de ruido, las exigencias de España van a estar "en la media o por encima" de las establecidas en la UE.