Trujillo hizo estas declaraciones en la inauguración de unas Jornadas sobre el Proyecto de Ley de Suelo que se celebrarán en el campus de la Universidad Carlos III, en Getafe (Madrid), hasta el próximo miércoles.

La titular de Vivienda destacó en su intervención que la nueva Ley de Suelo tiene como objetivo lograr un desarrollo territorial y urbano sostenible que responda a unos mínimos de eficiencia económica, calidad ambiental y cohesión social.

La ley, dijo, pondrá freno a la corrupción urbanística, ya que establece los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo.

Para ello, se someterán a información pública los planes y otros instrumentos, incluidos los convenios urbanísticos, y se exigirá la elaboración de un resumen ejecutivo de los planes para que los ciudadanos puedan valorar fácilmente qué se quiere hacer y en qué les afecta, antes de que se tomen las decisiones urbanísticas.

Asimismo, afirmó que la Ley de Suelo busca asegurar un desarrollo urbano sostenible, sometido a una evaluación ambiental previa, y garantizar la disponibilidad de suelo para vivienda protegida mediante el establecimiento de un porcentaje mínimo de reserva de suelo para dicho uso establecido en el 25% de los desarrollos urbanísticos.

Además, pretende lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo, desincentivando las prácticas de reclasificación y retención especulativa.

Según Trujillo, una de las mejoras de la gestión pública del suelo viene determinada por el nuevo régimen de valoraciones que se establece sobre la situación real en que se encuentre el suelo, sin tener en cuenta las posibles expectativas que no se hayan concretado aún.

El proyecto, añadió, objetiva valores prudentes de mercado no especulativos y garantiza a los propietarios una adecuada indemnización cuando no puedan participar en la gestión urbanística, del mismo modo que se valora la iniciativa empresarial en el sector.

A juicio de la ministra, el proyecto de Ley de Suelo propone un giro importante de reorientación de la ordenación territorial y urbanística y la gestión del suelo, que lo diferencia claramente de leyes y reformas anteriores.