El tribunal indica que los partidos políticos se conciben como una unidad económica que integra toda su organización territorial e institucional, a la vez que destaca su conexión con fundaciones creadas en su entorno y con sociedades mercantiles en las que tienen una participación mayoritaria.

En esta línea, el Tribunal de Cuentas sugiere la implantación de un régimen contable similar al aplicado en otros órdenes económicos, sin perjuicio de sus propias singularidades, que podrían ser atendias a través de una adaptación del Plan General de Contabilidad, así como la presentación de estados financieros consolidados.

En la moción se analizan también las distintas vías de financiación pública y privada, para las que se solicita una regulación precisa, que permita superar la inseguridad jurídica que se desprende de la legislación actual.

Por otro lado, se propone revisar y armonizar la normativa electoral, eliminando indeterminaciones en la cuantificación y aplicación de determinados límtes de gastos electorales y evaluando la oportunidad de mantener la actual regulación y subvención de los gastos por envíos directos y personales de propaganda electoral.

El tribunal también estima necesaria la revisión de la normativa electoral por lo que se refiere a los incumplimientos de terceros en relación con la obligación de remitir información al tribunal sobre los servicios prestados a las formaciones políticas en el desarrollo de las campañas electorales.

Por último, el Tribunal de Cuetas propone que se regule adecuadamente el régimen sancionador, en consonancia con la transparencia y regularidad que deben regir la actividad de los partidos políticos.