Según informaron fuentes parlamentarias, se trata de una toma de contacto en la que el presidente del Congreso quiere conocer la disposición de los distintos grupos a reanudar esta ponencia y sus posiciones ante los trabajos.

La ponencia comenzó a trabajar en 1996, con la nueva legislatura. Después de un principio de acuerdo en 1997, sus trabajos se vieron relegados por las divergencias entre los distintos partidos, especialmente PP y PSOE.

El princial punto de fricción entre ambos es la modificación del procedimiento para crear las comisiones de investigación y su funcionamiento, ya que el PP se opone a la pretensión socialista de llevar al Congreso el modelo de las Cortes de Castilla y León.

Así, las comisiones de investigación se formarían automáticamente con la petición de una quinta parte de los miembros de la Cámara, y sólo podría ser frenada si la mayoría absoluta de los diputados vota en contra.

Otra de las discrepancias es la intencón del PSOE de crear una oficina parlamentaria para controlar en tiempo real el grado de ejecución presupuestaria, y dotar así al Congreso de un mayor poder para controlar las cuentas del Estado.

También hay diferencias en algunos matices del Estatuto de los Diputados, como la aplicación de la normativa de incompatibilidades, o las facilidades de los parlamentarios para acceder a la documentación oficial.