Trillo declaró a Servimedia que lo ocurrido hoy demuestra los inconvenientes del sistema de elección parlamentario, como ya ha venido denunciando el PP desde hace mucho tiempo, y como tuvo oportunidad de reiterarle al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, en el pleno del Congreso en el que fue debatida la reforma de la Ley Orgánia del Poder Judicial.

El vicepresidente segundo de la Mesa del Congreso dejó clara la disposición del PP para emprender una reforma del sistema de elección de vocales del Poder Judicial y proceder a renovar las vacantes, aunque responsabilizó al Gobierno socialista de la "situación de mínimos" que atraviesa el CGPJ.

En este sentido, puso de relieve que el Gabinete de Felipe González se ha ido encargando de dejar en precario el 'quorum' del CGPJ con decisiones tan recientes como la del nombramient de una de sus vocales, María Teresa Fernández de la Vega, como secretaria de Estado de Justicia.

Asimismo, Trillo destacó que Sala no está legitimado para apremiar al Parlamento y apelar a la responsabilidad de los partidos para que sean cubiertas las seis vacantes del CGPJ, "sobre todo cuando él", añadió, "tiene tan pocas prisas para venir al Congreso a resolver de una vez por todas el asunto del vocal del Poder Judicial Javier Gómez de Liaño".

El parlamentario popular señaló que las urgencias ue demanda Sala contrastan con su negativa a acudir al Parlamento para aclarar ese asunto, iniciativa que ha sido solicitada por Izquierda Unida (IU) y que cuenta con el visto bueno de la Mesa del Congreso desde hace más de dos meses.

Por otra parte, Trillo lamentó que hoy no pudiera celebrarse el pleno del CGPJ "para ver cómo dilucidan las responsabilidades derivadas del dictamen que hicieron mayoritariamente sus miembros" a favor del nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del Estado, qe recientemente ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

Igualmente, Trillo lamentó que el Consejo no hubiera podido discutir hoy sobre la creación de un registro de bienes e intereses de los consejeros como medida anticorrupción.