Bretón hizo esta afirmación en su declaración como testigo en el juicio que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando por el error en las identificaciones de las víctimas del accidente del Yak-42.

El ex director de gabinete de Trillo aseguró que éste presidió la reunión que el Consejo de Dirección del Ministerio de Defensa mantuvo el 27 de mayo de 2003, un día después del accidente aéreo y un día antes de que se celebrará el funeral de Estado por las víctimas.

Según el teniente general Félix Sanz Roldán, el que fuera Jefe del Estado Mayor de la Defensa (jemad) con José Bono y que declaró esta mañana como testigo en el juicio, el ex Jefe de Estado Mayor del Ejercito del Tierra (jemet), el general Luis Alejandre, alertó en la reunión de que había 30 cadáveres sin identificar y propuso que los mismos no se entregaran a los familiares hasta que se acabara con las labores de la filiación.

Aún así, Sanz Roldán dijo no saber si Trillo estuvo en la reunión. Sin embargo, el teniente general Bretón, a pesar de situar al ex ministro en la reunión, aseguró que en el encuentro se "tomaron las primeras decisiones para preparar el funeral de Estado" pero afirmó que en ningún momento nadie, ni Alejandre ni otro persona, alertó de que hubiera víctimas sin identificar.

"No recuerdo absolutamente nada de eso, no creo que supiera que había víctimas sin identificar, yo no le oí decir eso a nadie en el Consejo de Dirección", dijo Bretón.

Para aclarar este extremo, el tribunal, a petición del abogado defensor del principal acusado, el general Vicente Navarro, decidió citar a declarar en el juicio para el próximo 31 de marzo al propio general Alejandre. Ni la Fiscalía ni los demás abogados se opusieron a esta medida.

En el juicio, el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, pide cinco años de prisión para Navarro y cuatro años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez al acusarles de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Todos ellos están acusados de este delito por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron una filiación que no era la suya a 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).