Trillo realizó este llamamiento en rueda de prensa improvisada minutos después de que el pleno del Grupo Popular, en su reunión semanal en el Congreso de los Diputados, decidiera por unanimidad presentar recurso ante el Tribunal Constitucional.

Preguntado por qué en vez de consensuar un texto con los demás grupos que se oponen a la "ley Corcuera", fundamentalmente Izqierda Unida y CDS, se les pide "adhesión", el vicepresidente segundo del Congreso afirmó que el PP ejerce con su iniciativa en solitario la "responsabilidad" que le ha dado el pueblo español.

"Sólo el Grupo Popular", recordó, "como líder y principal grupo de la oposición, tiene lo que la ley (Constitución) exige para presentar ese recurso, que son 50 diputados para firmarlo. Es por tanto una exigencia de la ley el que, previamente (a la adhesión de otros grupos), sea el propio Grupo Popular quien deliere y acuerde su propia posición".

A partir de ahí, dijo, otros partidos, como IU y CDS, que no tienen suficientes diputados o senadores para presentar recurso conjuntamente, pueden sumarse al recurso del PP si tienen sus mismos planteamientos.

"Les facilitamos a quienes quieran descargar su conciencia e incorporar su presencia política y jurídica a este recurso la posibilidad de que se adhieran", concluyó al respecto.

El recurso ante el Tribunal Constitucional afecta a los artículos 20.2 dela "ley Corcuera", relativo a la posibilidad de ser obligado a ir a comisaría para su identificación si uno no porta el DNI; el 21.2, relativo a la posibilidad de que la Policía entre sin mandamiento judicial en el domicilio de un narcotraficante cuando exista "conocimiento fundado" de un delito flagrante, y el 37, que otorga carácter probatorio al testimonio de los agentes.

Los argumentos jurídicos del PP contra el artículo 20.2 se basan en la "privación coactiva" de la libertad a que se puede ver abcado un ciudadano si no lleva consigo el DNI, lo cual viola supuestamente los artículos 17 y 53 de la Constitución, que hacen referencia las libertades ciudadanas y al debido respeto que deben tener los poderes públicos a esas libertades, respectivamente.

INCOMPATIBLE CON EL RIGOR

"En efecto", se señala en un extracto del recurso repartido por el PP a los periodistas, "aun cuando pudiera parecer que el fin de la detención regulada en el artículo impugnado es el de la identificación del detenido, sinembargo esa finalidad se añade a la de impedir un delito o falta, o a la de sancionar una infracción. En tales supuestos, la privación coactiva de libertad debe ir acompañada de las exigencias constitucionales (...)".

Respecto al artículo 21.2, el PP asegura en el texto que su redacción final en el proyecto de ley conculca el artículo 18 de la Constitución, que regula la inviolabidad de domicilio "salvo los casos de delito flagrante".

Precisamente este ha sido uno de los aspectos más polémicos dela "ley Corcuera", puesto que todos los grupos que se oponen al proyecto, asociaciones de juristas y cívicas argumentan que no es suficiente garantía cómo va a quedar redactado.

Se considera que las Fuerzas de Seguridad podrán asaltar sin mandamiento judicial el domicilio de un narcotraficante cuando se esté cometiendo "delito flagrante" y se especifica como tal el sólo hecho de que los agentes tengan "conocimiento fundado que les lleva a la constancia" de que se está cometiendo ese delito.

El PPy estos grupos creen que se intenta evitar con ello que los policías necesiten "percepción sensorial", como hasta ahora, lo cual, advierten, va a dejar un enorme campo abierto a la arbitrariedad y será motivo de numerosas "consecuencias jurídicas" para los policías, señaló hoy Trillo en alusión a posibles querellas de los ciudadanos afectados.

"Dado el rigor con que se pronuncia la Constitución en cuanto a las excepciones al derecho a la inviolabilidad de domicilio, es evidente que aquel precepto (artculo 21.2) viola la Constitución", figura en un estracto del recurso facilitado por el PP a los periodistas esta mañana.

Por último, el PP impugnará también ante el Constitucional el artículo 37 del proyecto de ley, porque entiende que éste otorga un valor probatorio al informe policial y ello "contradice y viola el derecho a una defensa contradictoria contradictoria", basada en el artículo 24.2 de la Carta Magna.

GIL ROBLES, "INSTRUMENTALIZADO"

Por otro lado, Federico Trillo recordó que el PP a sido muy "crítico" con la actuación del Defensor del Pueblo, Alvaro Gil-Robles, a lo largo de todo el trámite legislativo de la "ley Corcuera" (mañana se ratificarán en el Congreso las modificaciones introducidas en el Senado).

En opinión del PP, dijo Trillo, Gil-Robles no debió intervenir nunca en algo que queda fuera de sus competencias, como es el mediar (entre el PSOE y los que se oponían inicialmente a la ley) para cambiar la redacción del proyecto.

Por eso han pedido que Gil-Robles comparzca ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, para explicar esa actuación suya.

"Nos tememos muy mucho que el Defensor del Pueblo haya podido ser instrumentalizado en defensa del proyecto gubernamental y la mayoría socialista, al anunciar hace dos semanas que no va a recurrir (ante el Constitucional) porque queda conforme con las enmiendas introducidas en el Senado", explicó el dirigente del PP.

"El Defensor del Pueblo no es quien", añadió, "para interferir en el proceso legslativo". No osbtante afirmó que su partido no va a pedir a Alvaro Gil-Robles que dimita de su cargo, "porque tiene un mandato y la confianza de la Cámara para ese mandato. Por tanto, no es correcto que la Cámara le indique nada sobre esa posibilidad".