En su escrito, Trillo señala que al diputado, "que se identificó en todo momento como tal, le fue asimismo impedida físicamente, e incluso mediante amenazas, el acceso a las dependencias donde se encuentran los despachos de los grupos políticos".Resalta que "se ha impedido, por tanto, el pleno jercicio de los derechos que, como representante del pueblo español, le otorga el ordenamiento constitucional".

"Es, por ello, notoria la existencia de una vulneración flagrante de los derechos y prerrogativas del diputado demandante de la solicitud de amparo, que se extienden al ejercicio de sus actividades políticas en los edificios públicos destinados a ello" agrega el presidente del Congreso, quien señala también que "el empleo de la fuerza física, y aún de amenazas, supone una conducta contraria l artículo 23 de la Constitución y 12 del Reglamento del Congreso".

Añade que "sin perjuicio de la calificación que los hechos pudieran merecer en el orden jurisdiccional, los mismos se revelan manifiestamente contrarios al principio democrático-representativo que informa nuestra Norma Fundamental".

La resolución ha sido comunicada a las autoridades de la Administración Local responsables de la actuación, -Jesús Gil, alcalde de Marbella y presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa de Sol-, "que habrán de velar en lo sucesivo por la garantía de los derechos y prerrogativas de los miembros del Congreso", conluye el escrito.