Trillo argumentó que todos los Gobiernos democráticos de nuestro entorno tienen un control contable de los gastos hechos a cargo de los fondos reservados y para demostrar que es así también en el caso epañol exhibió varios recibos del Ministerio de Interior en el que quedaba constancia de diversos pagos hechos a confidentes y que desembocaron en la captura de varios alijos de droga.

El dirigente popular defendió una moción de su partido en la que se propone un control estricto de los fondos reservados por parte de la comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los diputados sobre el período comprendido entre 1983 y 1994, al tiempo que instó al Ministerio de Justicia e Interior a que abra una invetigación interna y que traslade sus conclusiones al Fiscal General del Estado.

Además, Trillo reiteró que el Gobierno no puede tener vía libre para ocultar datos sobre el uso de los fondos reservados a la Justicia cuanto se sospecha que pudieron servir para financiar actividades delictivas.

Por tanto, "no hay conflicto entre el deber de mantener el secreto y la obligación de colaborar con la justicia porque éste último principio debe primar cuando hay indicios de delito".

En este sentido, elportavoz del Justicia del PP sugirió al Ejecutivo que entregara toda la documentación que le piden los jueces en relación a diversos sumarios abiertos por el caso GAL al fiscal general del Estado y que sea éste el que dé traslado a los jueces correspondientes de la documentación relevante para el esclarecimiento de estos asuntos.

Trillo acabó advirtiendo a los diputados socialistas que "ésta es su última oportunidad para escribir con dignidad de la historia del Partido Socialista y de su Gobierno".

O HACER BORRON Y CUENTA NUEVA

Antonio Romero, de IU, defendió la posibilidad de los jueces de investigar el destino de los fondos reservados cuando haya indicios de delito en su gestión.

La moción del PP, que fue apoyada por IU plantea, según Romero, una nueva época en lo referido al control de los fondos reservados que no permite "hacer borrón y cuenta nueva de lo que se ha hecho hasta ahora".

El PNV votó a favor de la moción porque "se ciñe a la coordenadas de consenso entre partidos polítcos, hace referencia al período 1983-1987 y no exige la creación de una comisión de investigación", según dijo José Juan González de Txabarri.

En contra de esta propuesta votaron el PSOE y CiU que argumentó su oposición en la necesidad de apartar la práctica de la política de los procesos judiciales. Josep López de Lerma (CiU) aseguró que su grupo "comparte la preocupación del PP sobre el uso de los fondos reservados y que no tiene ningún interés o voluntad de echar un capote a los gobiernos socialists".

El portavoz de CiU acusó a los populares de "tener únicamente interés en mantener vivo un tema que puede dar réditos electorales a corto plazo".

Por su parte, el portavoz socialista Javier Barrero, defendió la naturaleza secreta de los fondos reservados y recordó al PP que "aplaudió con entusiasmo" la regulación de estas partidas a través de la ley de secretos oficiales.

"Los fondos reservados no se pueden hacer públicos y ustedes mismos han aprobado la nueva legislación que quedará aproada en dos semanas. Ustedes han aprobado que la violación del secreto debe ser penado, han tenido la oportunidad de oponerse y no lo han hecho", aseguró Barrero.

Esta legislación no significa, en su opinión, ningún tipo de amnistía para lo hecho en el pasado por los distintos Gobiernos socialistas.