Trillo aseguró que el PP se ha visto obligado a actuar en defensa de sus militantes y concejales, "ya que no se ha producido una actuación de oficio del propio juez y de la Fiscalía", según informo el Partido Popular en un comunicado.

El Partido Popular y Marisa Arrúe denunciaron hoy ante la Audiencia Nacional dichas amenazas de muerte, que tuvieron lugar cuando visitaban el mercado de San Lorenzo el pasado 10 de agosto. En la denuncia, el PP recuerda que estas amenazas coinciden con las noticias de que ETA preparaba un atentado contra el PP de Getxo.

Además, en el texto se recuerda que Goikoetxea goza de libertad bajo fianza por motivos de salud, concedida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y se exige la retirada de tales medidas y su ingreso en prisión.

El coordinador de Justicia del PP mostró su sorpresa por el hecho de que "el fiscal general del Estado, tan pródigo en declaraciones e instrucciones a la Fiscalía en la legislatura pasada, cuando el Gobierno negociaba con ETA", parezca "haberse quedado al margen del acuerdo entre el presidente del Gobierno y Mariano Rajoy para establecer una estrategia conjunta de derrota de la banda terrorista con todos los medios del Estado de Derecho".

"Al fiscal general le compete defender la legalidad y los derechos ciudadanos y no se le ha oído desde aquel acuerdo. La ley no puede tomarse vacaciones", subrayó.

"No podemos permanecer inactivos en la defensa de los derechos de nuestros militantes, de nuestros representantes públicos y, en general, de la ciudadanía vasca. Por eso, hemos exigido a la Audiencia Nacionalque este proetarra, Zigor Goikoetxea, no siga beneficiándose de una libertad que no se puede utilizar para extorsionar, insultar, amenazar y chantajear", concluyó.