En el primer trimestre del año, la justicia española dictó 72 sentencias condenatorias contra videoclubes que comercializaban películas fraudulentas y contra televisiones locales y vídeos comunitarios que ejercían la 'piratería' audiovisual.

Con esta cifra, la Federación para la Protección de la Obra Audiovisual prevé que este año no varíe el porcentaje anual logrado en 1995, año en el que los tribunales españoles dictaron una sentncia diaria.

Según datos de la Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales (Egeda), los productores audiovisuales sufren unas pérdidas anuales de 8.500 millones de pesetas a causa del fraude en la propiedad intelectual.

El mayor fraude, 4.000 millones de pesetas al año, es debido a la emisión no autorizada de obras audiovisuales a través de televisiones locales por cable y ondas.

Los productores pierden otros 3.500 millones anuales a causa de la distribución no autorizada de programas captaos en las señales aéreas por parte de televisiones locales, redes de cable, hoteles, comunidades de propietarios y otros usuarios.