En el fallo, el tribunal castellano-manchego reconoce el derecho de los sindicatos a realizar la convocatoria tal y como indicaron en la solicitud cursad legalmente al Gobierno Civil de Toledo, y desestima los motivos aducidos por este organismo para ordenar la prohibición.

El secretario geenral de CCOO en Castilla-La Mancha, Juan Arroyo, valoró positivamente el fallo del tribunal, y señaló que su contenido "significa que la justicia es garante de los derechos constitucionales, lo que cual es un aval contra la actitud autoritaria y policial del Gobierno Civil".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Toledo, Daniel Romero, indicó que el nucleo e actividad social y económica más importante de la ciudad está dentro del recorrido propuesto por las centrales, lo que puede suponer una intimidación para quién decida acudir a su trabajo el 28-M.

Los mismos motivos que el Gobierno Civil de Toledo fueron empleados por el de Zamora para prohibir la manifestación del 28-M en esta ciudad, lo que dió lugar a un recurso de UGT-Zamora que ha sido fallado favorablemente por el tribunal superior de la región.

El criterio aplicado por el tribunal para aular la decisión del gobernador civil de Zamora, Angel Gavilán, es que impedir la manifestación no es conforme con el ordenamiento jurídico vigente, y advierte que el riesgo de actos violentos entre partidarios del paro y contrarios a la protesta "puede ser prevenido".

El fallo señala también que "la adopción de dispositivos de vigilancia y control adecuados por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", unido al servicio de seguridad de los convocantes y "la madurez que hay que presumiren los manifestantes", son medidas suficientes para evitar posibles desórdenes.

Los secrertarios provinciales de UGT y CCOO en Zamora, José Herrera y Faustino Temprano, respectivamente, calificaron la sentencia de positiva, y pidieron la dimisión de Gavilán, por considerar que "los ciudadanos no se merecen un gobernador que intenta prohibir un derecho constitucional".

Con esta son tres las sentencias dictadas por los tribunales, a favor de los sindicatos, en relación con prohibiciones de manifestciones previstas para el 28 de mayo. La anterior fue del Tribunal Superior de Canarias.