El Supremo debe remitir ahora la sentencia al Tribunal Constitucional que, a su ez, deberá establecer la posible inconstitucionalidad del mismo, así como el reglamento del IGIC que fija la recaudación, liquidación y gestión de este impuesto.

Ferrera explicó que esta decisión del Alto Tribunal proporciona satisfacción a los empresarios "porque estamos ganando la batalla y porque los tribunales están velando por los intereses tributarios de los ciudadanos".

"Los intereses del Ministerio de Hacienda, por muy generales que sean, hay que contraponerlos con los intereses de los cotribuyentes", explicaron los empresarios, que se oponen a hacer de recaudadores del IGIC.

Los empresarios calificaron esta sentencia como un "paso importantísimo" que puede hacer incluso que se modifique el Estatuto de Autonomía en lo que se refiere a sus aspectos fiscales.