Según publica hoy el periódico `La Provincia', el Tribunal comunicará en las próximas horas la ratificación de la pena de inhabilitación especial impuesa por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 1992 por cometer prevaricación en su función de alcalde.

La inhabilitación podría ser extendida de su cargo de alcalde al de diputado regional, al igual que se hizo en su día con el también diputado regional Dimas Martín, condenado por prevaricación cuando se encontraba al frente del Ayuntamiento de Teguise, también de la isla de Lanzarote.

Honorio García Bravo se negó a hacer declaraciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo y remiió todas las preguntas de los medios de comunicación a sus abogados.