Por dicha operación y también por apropiación indebida, la Audiencia Nacional impuso dos años de prisión al abogado Juan José Folchi, así como un año y ocho meses a Jorge Nuñez Lasso de la Vega, ex consejero delegado del Grupo Torras.

En este caso se investigó el destino de las plusvalías de 46,7 millones de euros obtenidas por la venta, en 1988, de la papelera ICSA, propiedad del Grupo Torras, a la irlandesa Smurfit.

Por otra parte, en la misma resolución el Tribunal Supremo ordena que se repita el juicio por la denominada "Operación Croesus", sobre el presunto desvío de fondos a través de una sociedad instrumental gibraltareña. La Audiencia Nacional decidió en su día no juzgar este caso por considerar que los hechos habían prescrito, opinión que no comparten los magistrados del Alto Tribunal.