En este proceso figura como acusado el ex consejero de Obras Públicas Rafael Blasco y en fuentes socialistas se temía que se aprovechara el proceso como arma electoral, ya que el juicio estaba previsto para principios de año.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Superior y de la sala encargada de juzgar el "caso Blasco", Juan José Marí Castelló, declaróhoy que no han recibido ninguna presión política o de otra clase para retrasar el juicio.

Marí dijo que el tribunal ha tenido en cuenta las posibles críticas "positivas o negativas" que esta decisión podría conllevar y, pese a todo, ha señalado la fecha del 3 de junio para comenzar el juicio.

Las razones aducidas por el magistrado son que las partes han pedido una prueba fonográfica que se practicará en los dos meses próximos y que, además, él y otro miembro del tribunal forman parte de la Junta lectoral de la Comunidad Valenciana, que se ha de constituir en las fechas previas a las elecciones.

El fiscal pide tres años de prisión menor para Rafael Blasco y los otros cinco implicados por los delitos de cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas, delitos presuntamente cometidos en la adjudicación de unos terrenos públicos del término de Paterna, que la Consejería de Obras Públicas sacó a subasta.

Según el escrito de conclusiones del fiscal, los acusados intentaron apartar dela subasta a todas las empresas que optaban a la citada adjudicación, excepto a la francesa OCC, del francés Jacques Lacroix, también procesado.

El fiscal Enrique Beltrán tuvo conocimiento de los hechos tras la intervención telefónica ordenada como consecuencia de la denuncia que presentó la ex directora general de Urbanismo, Blanca Blanquer, sobre otro caso de presunta corrupción urbanística, el "caso Calpe", que estos días se juzga en la Audiencia de Valencia.