Los integrantes de la Sala de Gobierno consideran que este hecho puede repercutir de forma desfavorable en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia en Euskadi.

Si la respuesta ante una amenaza es la de abandonar su cargo "se podría conseguir separar al juez del procedimiento de un asunto sin utlizar los cauces legales", explica el TSJPV. "Para la normalización democrática de los países hace falta que cada uno se quede en su sitio", afirman.

No obstante, el informe del TSJPV no tendrá un valor vinculante, y será el Consejo General del Poder Judicial quien, en última instancia, decida sobre la cuestión.