Rodríguez Ibarra basó su recurso en tres argumentos. Por una parte planteó que la competencia para dictar la resoluión correspondía a la sala y no al instructor; por otro, que no existían indicios racionales de criminalidad suficientes para seguir el procedimiento abreviado. El tercer argumento aludía a la colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión.

En el auto presentado ayer, el instructor recalca en su resolución ser él el competente para dictar la resolución. Asimismo, argumenta que no es el momento de examinar los elementos del delito que se le imputan a Rodríguez Ibarra y que considera que,dentro del concepto de "indicios", son suficientes los existentes para seguir el repetido procedimiento.

Por último, el instructor decide mantener su resolución y advierte que contra la misma cabe recurso de queja que conocería la sala no existiendo plazo para la interposición de dicho recurso.

En la resolución también se pregunta si existen indicios de delito en las declaraciones de Rodríguez Ibarra y el instructor advierte que en el auto recurrido se recogieron las palabras que le atribuyó la dnuncia, por lo que su veracidad fue reconocida y admitida por el denunciado en la declaración pesentada en fecha del 28 de julio de este año.

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, afirmó que el juez Marino Barbero, entonces instructor del `caso Filesa', intentaba participar "en política sin presentarse a las elecciones, dictando sentencias, abriendo y cerrando sentenciass, al igual que hace ETA que quiere participar en la vida política poniendo bombas".

Ante esas declaraciones el juez Marino Barbero presentó una denuncia por presunto delito de desacato.