La sentencia acepta plenamente el recurso que planteó en su día el sindicato CCOO, que apeló al incumplimiento de un trámite preceptivo por parte del Ejecutivo gallego, que aprobó la mencionada orden sin consultar al Consejo Escolar.

El tribunal estima que la Xunta vulneró el derecho fundamental contenido en el artículo 27.5 de la Constitución, que especifica que "los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación, mediante una prgramación general de la enseñanza con la participación efectiva de todos los afectados".

A juicio del sindicato recurrente, esta sentencia va más allá de la condena por una irregularidad administrativa y cuestiona la misma decisión de subvencionar el Preescolar en la enseñanza privada cuando son cerradas continuamente unidades de este tipo en los centros públicos.