El tribunal ha anulado este acuerdo basándose en el recurso presentado por la empresa Aquagest, al apreciar que dicha adjudicación se otorgó sin el preceptivo informe municipal.

Dicho trámite es considerado por el tribunal canario como "imprescindible", debido a que la adjudicación, dada su "extraordinaria cuantía y compleja naturaleza", demandaba desde el principio el cuplimiento de la más estricta legalidad.

La misma sentencia obliga al ayuntamiento de Las Palmas a devolver los 3.102 millones de pesetas que cobró por esta operación.

El actual grupo de gobierno, encabezado por el Partido Popular, ha manifestado su intención de aprovechar la sentencia para recuperar el control de la empresa, que volvería así a ser pública, aunque la entidad concesionaria ha presentado a su vez un recurso contra esta decisión judicial

El presidente de Unelco, Antonio Castellao, ha añadido que se trata de un error imputable al ayuntamiento de la capital grancanaria y que, por consiguiente, de consumarse la sentencia, es éste quien debería responder con su dinero de los perjuicios ocasionados.