La sentencia señala que la Junta de Andalucía debió consultar con la patronal, pero no reconoce el derecho de los empresarios a cobrar una indemnización por las cuatro horas pagadas a los trabajadores para que ejercieran el voto. Por esa razón, la Confederación de Empresarios de Andalucía, estudia la presentación de un recurso, según explicó hoy en Svilla su presidente, Manuel Otero Luna.

La patronal andaluza considera incongruente que se declare nulo el decreto y, sin embargo, no se reparen los perjuicios causados, si bien la sentencia deja abierta la posibilidad de que los empresarios reclamen a título individual. La CEA estima que los pagos indebidos ascendieron a 2.000 millones de pesetas.

Otero Luna destacó que el fallo recuerda al Gobierno andaluz que tiene que "consultar a los empresarios en todo aquello que sean disposiciones de caráter general relación al mundo económico".

"Esta sentencia", dijo, "tiene una enorme importancia y plantea la devolución del dinero que se pagó, ya que nosotros pagamos esas 4 horas de trabajo porque había un decreto que nos obligaba a hacerlo".

Por otra parte, Otero Luna, mostró su preocupación por el aumento del desempleo y dijo que "como empresarios y como españoles se nos tiene que poner la carne de gallina al ver que la CE todavía prevé que en el año 94 y 95 vamos a tener más paro".

"Porello, dijo, urge poner sobre la mesa la necesidad de tener lo antes posible el pacto social con un esfuerzo de las tres partes intervinientes cediendo alguna parte para intentar llegar a un acuerdo que sirva como ilusión de futuro", indicó.