De este modo se salvaría el único obstáculo que hasta ahora ha impedido la firma por parte del Gobierno español del tratado por el cual se creará el Tribunal Penal Internacional.

Esa rnuncia conllevaría una reforma de la Constitución que, a su juicio, es posible realizar con el acuerdo mayoritario de los grupos parlamentarios.

En declaraciones a Servimedia, Alcaraz defiende la pérdida de la inmunidad del jefe del Estado y de los parlamentarios tanto ante los tribunales nacionales como ante los internacionales.