El Ejecutivo oruego ha hecho una interpretación restrictiva de la inmunidad del jefe del Estado, de manera que la norma sólo impida a los tribunales nacionales procesar a su monarca, pero no a los internacionales.

Silva afirmó que se alinea con "aquellos países que creen que declaraciones constitucionales similares no impiden la ratificación del tratado".

En todo caso, al portavoz adjunto de la coalición nacionalista puntualizó que "los problemas sobre los que podría actuar el Tribunal Penal Internacional no on los que pueden procirse en España".