En declaraciones a Servimedia, López Garrido subrayó que el debate surgido en torno a si es necesario o no reformar la Carta Magna es sólo un pretexto del Gobierno para no dar curso al proyecto de ley del tratado sobre la creacón del Tribunal Penal Internacional.

En su opinión, aquí no se está hablando solamente de la inmunidad del Rey, sino también de la de diputados y senadores, y eso no significa que no existan posibilidades de integrar el citado tratado en la Constitución, por ejemplo en el artículo 96, que permite trasladar competencias a otras instancias internacionales.

"El propio dictamen del Consejo de Estado abre vías para que eso sea posible" explicó. "No es un dictamen que niegue la posibilidad de la ratifiación del tratado, a no ser que cambie la Constitución. Para nada. Yo lo que creo es que lo que hace falta es que eso (el tratado) se envíe al Parlamento y que sea el Parlamento el que vea lo que hay que hacer".

Por su parte, Rubio Llorente se limitó a señalar a Servimedia que no ve muy clara la necesidad de reformar la Carta Magna para que España ratifique dicho tratado.

Tras indicar que no conoce en profundidad el texto, dijo: "Dado que el Rey no puede realizar ningún acto si no es con el refredo del responsable político, no veo el obstáculo".