La Comisión imputaba a Intel haber abusado de su posición dominante en el mercado de los microprocesadores x86 al conceder, en particular, descuentos por fidelidad a sus clientes y a un distribuidor de ordenadores de mesa. En 2014, el Tribunal General desestimó íntegramente el recurso presentado por Intel contra esta decisión de la Comisión, pero tras el recurso de casación interpuesto por Intel, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia dictada por el Tribunal General y le devolvió el asunto.

En la sentencia dictada en el procedimiento tras la devolución, el Tribunal General anuló parcialmente la decisión de la Comisión y anuló totalmente la multa de 1 060 millones de euros. La Comisión recurrió después en casación la sentencia del Tribunal General de 2022.