Bruselas pretende que este tribunal declare que España ha incumplido sus obligaciones y que le aplique una condena en costas, es decir, que se le condena a pagar las costas del proceso judicial.

Será la sala tercera del tribunal la que se ocupe de este asunto y una jurista alemana, Juliane Kokott, quien ejerza de abogado general en este caso.

Bruselas considera que España atentó contra el derecho comunitario en materia de competencia en la opa de Endesa, favoreciendo la oferta de la italiana Enel y la constructora Acciona frente a la de la alemana E.On, a pesar de que "la Comisión determinó, en abril de 2006, que esta posibilidad no impedía de modo significativo la competencia".

Tampoco está de acuerdo con algunas condiciones marcadas por el Ministerio de Industria a la italiana Enel, empresa participada por el Estado de Italia, como que el centro de decisiones de Endesa se ubique en España y que el carbón para la producción de energía sea de producción nacional.

El pasado 31 de diciembre, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España. Bruselas pidió al Gobierno español que explicara por qué no ha suprimido las condiciones impuestas a las compañías "opantes" a pesar de que el pasado diciembre declaró que estas condiciones eran contrarias al derecho comunitario.

La decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 2007 exigía a España que retirara como muy tarde el 10 de enero de 2008 las condiciones impuestas por la decisión de la CNE.

Hasta la fecha, las autoridades españolas no han informado a la Comisión de ningún paso o medida adoptada para cumplir lo dispuesto en dicha decisión, de ahí que el Ejecutivo comunitario haya movido ficha y haya presentado el caso ante la justicia europea.