este joven "se convirtió en símbolo de la emergencia humanitaria que se vivió en Ceuta tras su abrazo a una voluntaria de Cruz Roja", recuerda CEAR en un comunicado. Las imágenes, de las que se hicieron eco muchos medios, sirvieron de prueba a la ONG para llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos este caso, ya que muestran cómo Abdou fue devuelto sin que se le diera la posibilidad de acceder al procedimiento de protección internacional.

El Tribunal ha confirmado por escrito a CEAR que el expediente será sometido a examen. Esta decisión llega después de revisar la demanda de CEAR, que iba acompañada de imágenes donde se muestra el retorno completo del joven desde Ceuta al lado marroquí, realizado a plena luz del día y frente a la prensa nacional e internacional.

Según la directora general de CEAR, Estrella Galán, “en las imágenes se puede comprobar que la devolución de Abdou se hizo en ausencia de procedimiento, sin identificación, sin asistencia letrada, sin intérprete y sin acceso a tutela judicial”.

A su juicio, esta falta de procedimiento individualizado vulnera el protocolo 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en lo que se refiere a la prohibición de toda expulsión colectiva. “También el artículo 13 del Convenio Europeo para los Derechos Humanos, que garantiza la posibilidad de que cualquier persona forzada a retornar a su país pueda recurrir la decisión de manera efectiva”, agregó.

Paloma Favieres, coordinadora Jurídica de CEAR, manifestó que “las devoluciones inmediatas en Ceuta se realizaron sin análisis individualizado de la situación de cada uno. Tampoco hubo resolución de expulsión que pudiera garantizar el acceso a un recurso efectivo y el caso de Abdou es la prueba fehaciente”.

El Gobierno ha tratado de justificar que este tipo de devoluciones sumarias se hacen en el marco de los “rechazos en frontera”, que se pretendieron legalizar a través de una disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2014.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional recordó en una sentencia que estas expulsiones deben hacerse con plenas garantías y respeto a los derechos humanos, y destacó que "este tipo de devoluciones ilegales se producen en las fronteras españolas, como se ha podido comprobar recientemente en los trágicos sucesos de Melilla el pasado 24 de junio, en los que perdieron la vida al menos 37 personas tras un intento de salto a la valla".