Este considera a Agrunor responsable de la comisión de una práctica prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia consistente en un acuerdo para la fijación e precios de los servicios de alquiler de grúas móviles en el País Vasco en el período 1992-93.

Este expediente se inició de oficio por el Servicio de Defensa de la Competencia a la vista de una información publicada en la prensa local que le fue remitida por el director de Administración y Política Comercial del Gobierno Vasco en la que se recogía el acuerdo de precios.

Es de destacar y así se recoge en la resolución que la directora de Administración Industrial del Departamento de Industria y Eergía del Gobierno Vasco, y ante la petición que Agrunor le hizo de que el cuadro de tarifas aprobado se publicara en el Diario Oficial de esa Comunidad Autónoma, manifestó que esa conducta se refería a actividades y servicios totalmente liberalizados y que podría constituir una intromisión en el juego de la libre competencia.

El Tribunal ha considerado en repetidas ocasiones que los acuerdos horizontales de fijación de precios constituyen una de las más graves infracciones de la Ley de Defensa de la ompetencia, al impedir que los consumidores puedan beneficiarse de las ventajas derivadas de la rivalidad entre competidores en un aspecto básico de las condiciones de oferta de los productos.