Según afirma el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria, a la que tuvo acceso Servimedia, el Tribunal de Cuenta analizará también la gestión de los ayuntamientos madrileños de Villaconejos y Fuenlabrada, y el asturiano de Valdés.

En relación con el IMEFE, a finales del 2000 y principios de este año se destaparon supuestas irregularidades en la utilización de fondos destinados a la formación para reclusos gestionados por la empresa Ifomar, cuyos responsables son militantes del PP. Al parecer, 27 de los 42 cursos supuestamente dados por esta empresa entre 1997 y 1999 en las cárceles madrileñas nunca se impartiern.

Respecto a las irregularidades en la gestión de la zona franca de Cádiz, se trata de aclarar el destino de los 115 millones de pesetas gastados en conceptos de dietas y representación entre los años 1997 y 2000 por el delegado de la zona franca, Manuel Rodríguez de Castro, nombrado a propuesta del Gobierno cuando el PP llegó al poder.