El estudio, enviado al Congreso, concluye que no puede conocerse el valor económico de las adquisiciones que realizó ese ejercicio la institución porque sus cuentas no egistran las compras menores o no hacen un detalle individualizado en los casos de grandes lotes, según explicó a Servimedia la diputada socialista Maite Costa.

El máximo órgano fiscalizador del Estado ha encontrado un desajuste de 188 millones de pesetas a la hora de comparar los extractos bancarios y los datos que facilita la biblioteca.

Además, la empresa que realizó a la biblioteca el servicio de publicaciones de distribución no es la que ganó en su día el concurso de adjudicación, lo que vuleraría la Ley de Contratos del Estado. Además, esta sociedad tenía una deuda de unos 20 millones de pesetas que no aparece registrada en la contabilidad de la biblioteca, siempre según la lectura que hace el PSOE del informe.

El tribunal también constata que el 49% de las publicaciones que entran en la Biblioteca Nacional no pueden catalogarse porque el personal no está suficientemente capacitado ni hay el debido número de empleados.

"Son denuncias gravísimas contra la gestión que hizo el actual ecretario de Estado de Cultura como director de la Biblioteca Nacional", dijo Costa.

A su juicio, tales críticas no deben quedar ocultas por la conclusión que hace el informe en un párrafo de que la fiscalización realizada permite concluir que las cuentas "representan adecuadamente el patrimonio y situación financiera" de la biblioteca.